Equo-Los Verdes ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que «complete su sentencia sobre la regasificadora pronunciándose sobre todos los motivos de nulidad de su autorización». La maniobra del colectivo, que fue el impulsor inicial de la denuncia sobre la planta de El Musel, tiene como objetivo frenar cualquier posible legalización de la instalación, por cuya demolición aboga el colectivo ecologista. En su fallo el tribunal madrileño anulaba la autorización administrativa previa a la construcción de la regasificadora por incumplir la normativa vigente en ese momento, hace siete años.
El Ministerio de Industria ya anunció su intención de recurrir la sentencia. Además, el planteamiento compartido por las organizaciones políticas que defienden la regasificadora pasa por frenar su ejecución efectiva alegando que la actual normativa ha eliminado el requisito legal de 2.000 metros de distancia de cualquier instalación nociva, molesta y peligrosa de un núcleo poblado.
Equo-Los Verdes quiere cubrir todos los frentes y la posibilidad de un «indulto» a la regasificadora y por ello ha pedido «el pronunciamiento expreso del tribunal sobre todas las infracciones legales denunciadas» al entender que «una eventual estimación de alguno de estos motivos de anulación ya debería garantizar con absoluta seguridad la demolición de la una instalación ilegal».
La regasificadora de El Musel supuso una inversión cercana a los 400 millones de euros aunque nunca ha entrada en funcionamiento tras una decisión del gobierno de la Nación. Tampoco tienen conexión con la red gasística. El gobierno del Principado de Asturias la considera una pieza fundamental para el desarrollo del puerto de Gijón y la actividad económica de Asturias. Un planteamiento que no tiene cabida en la estrategia de Equo, que reinvindica la posibilidad de construir «una economía viable, creadora de empleo de calidad a corto plazo y con futuro, basada en la economía verde».