Los Verdes de Asturias, hoy integrados en EQUO Asturies, han sido condenados a pagar 2.000€ de costas para oponerse al recurso dilatorio de Enagás y del Ministerio de Industria en el proceso referido a la inútil regasificadora de Gijón.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó hace unos meses una sentencia que declara ilegal la construcción de la regasificadora de Gijón. Una inversión de 380 millones de euros que estamos pagando (además del beneficio industrial de la empresa) en el recibo del gas e, indirectamente, de la luz, para construir una instalación que nunca ha estado en funcionamiento y que no tiene ninguna previsión de poder hacerlo en un futuro cercano. Además, esta regasificadora es ilegal de acuerdo con el tribunal, por incumplir las distancias de seguridad con las viviendas que marcaba la ley en el momento de su construcción.
Enagás y el Ministerio de Industria, con el fin de dilatar el proceso y evitar la demolición de la regasificadora para que la primera pueda seguir percibiendo dinero de los consumidores por una instalación que está parada, interpusieron un recurso de casación contra la sentencia.
Los Verdes de Asturias se opusieron a la admisión a trámite de ese recurso por considerar que es un asunto que ya está resuelto en otras sentencias del Tribunal Supremo en las que se basa la sentencia recurrida. Pero el Tribunal Supremo ha acordado tramitar el recurso y nos ha condenado a pagar 2.000€ de costas a Enagás, la empresa que construyó y cobra por una obra Inútil, y al Ministerio de Industria, que acordó hibernar la planta por su inutilidad.
«Esta situación es una muestra más de la necesidad de realizar cambios profundos en nuestro sistema político. A pesar de saber que la regasificadora es ilegal y que no sirve para nada, sigue gastándose dinero en construir el gasoducto y la única organización que tiene que pagar algo es precisamente la que denunció la situación y a quien se ha dado la razón. Que quienes defendemos los intereses públicos seamos quienes deban pagar a quienes cometieron la ilegalidad es francamente difícil de entender y de aceptar.» Explica Eduardo Campomanes, coportavoz de EQUO Asturies.
«Esta situación nos afecta ahora en EQUO, pero está afectando a otras muchas organizaciones ciudadanas que están siendo condenadas a pagar costas de los procesos. Las tasas judiciales y la imposición de costas en los procedimientos contencioso administrativas son medidas diseñadas por el actual Gobierno, gracias a su mayoría absoluta, para dificultar la lucha contra los abusos que ellos mismos cometen sobre ciudadanos, asociaciones y grupos que defienden lo común, como EQUO. Es la herencia que deja el ex-ministro Gallardón, una justicia para ricos.» Afirma Pilar Calvo, coportavoz de EQUO Asturies.