COMUNICADO DEL PARTIDO EQUO Asturias
La Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada esconde adoctrinamiento y lavado de cerebro de la mujer embarazada en instituciones privadas religiosas, cual si de un remedo de la revolución cultural de Mao se tratase. Solo faltan campos de concentración para la reeducación. Pretenden que todo el apoyo estatal sea sólo para las mujeres que no interrumpan su embarazo.
La iniciativa legislativa popular puede ser un instrumento muy útil de participación, pero también puede generar monstruos jurídicos de imposible encaje en una sociedad avanzada y democrática. Este es por desgracia el caso de la iniciativa que recoge el Boletín Oficial de la Junta General del 16 de febrero de 2011 que ahora parecen resucitar los partidos de derecha y ultraderecha asturianos.
Esta iniciativa parece haber sido redactada por insolventes jurídicos iluminados por su fe, y de esa redacción se desprenderán graves problemas e inseguridades. En un análisis preliminar encontramos que va contra la Constitución Española, contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pretende modificar de facto la vigente regulación del aborto o Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera indirecta y torticera.
La Constitución Española se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así lo dice su artículo 10. Y la ONU garantiza en su declaración, artículo 12, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Pues bien, la proposición pretende que el Estado tome partido y ponga todos sus medios a hacer campaña para convencer a las mujeres embarazadas de que no hagan uso de su derecho de elección reconocido en la Constitución y en la vigente ley de interrupción del embarazo, y no sólo eso, sino que pretende que el Estado colabore con las entidades privadas dedicadas a perseguir a las mujeres que abortan o a reeducar a las embarazadas que podrían optar por no llevar a término su embarazo. Esto equivale a estigmatizar a las mujeres que no sigan la consigna de parir, pese a tener derecho a no hacerlo.
Resulta notorio cuando un lego redacta una presunta ley, como en este caso la inciativa legislativa popular, admitida a debate en la Junta General por obra y gracia de la derecha asturiana (PP Foro y UPyD). Y se adivina la procedencia del texto por su endeblez jurídica, pues no apoya a las mujeres siguiendo el mandato constitucional del artículo 9 de libertad e igualdad del individuo y de los grupos, cosa que sí se haría arbitrando medidas en favor de todas las mujeres, para todas, es decir para las embarazadas, para las madres y para aquellas que han optado por no tener esa descendencia. Ningún apoyo se plantea para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo conforme a la ley por encontrarse en el paro o deshauciadas…
La propia vida está garantizada por el artículo 15 de nuestra constitución, así como la integridad física y moral. Pues bien, la proposición quiere orientar toda la acción pública hacia convencer a las mujeres para que lleven a término su embarazo. Y por si la administración no fuese suficiente, propone apoyar a las entidades privadas dedicadas a presionar a las mujeres para convencernos de que traigamos criaturas a este mundo, sin reparar en que esas entidades son negocios confesionales, incluido el de los muyahidines, el de los talibanes y el del Opus Dei, que según la redacción serían objeto de apoyo y cooperación. ¿Debe el Estado apoyar y cooperar con las empresas de cualquier sector, entonces, para ser equitativos?
El artículo 16 de la Constitución Española garantiza la libertad ideológica y religiosa, y establece que ninguna confesión tendrá caracter estatal. La proposición de ley en cuestión pretende trasladar un posicionamiento religioso a la acción del Estado, tomando partido en contra de la libertad de elección de la mujer, incluso convenciéndola (así está de mal redactado) de que puede tener un síndrome posaborto, sin decir nada del síndrome postparto. Se nota que la redacción de la proposición de ley es de catequesis, y se les ha olvidado considerar la casuística en la aplicación de esa presunta norma, con lo cual se alcanza la aberración jurídica.
Por tanto esta proposición es inconstitucional, pues
– modifica de facto la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo poniendo a la administración asturiana a trabajar en contra de la libertad de elección en los plazos legales, por tanto haciendo inútil la legislación estatal, que es de rango superior
– atenta contra la libertad ideológica y de culto
– pretende que el Estado tome partido y no garantice la libertad ideológica y de culto
– pretende que el Estado interfiera en la vida privada y la familia de las personas
– pretende que el estado organice una red destinada a reeducar a las mujeres aportando una visión sesgada de la interrupción del embarazo, listando los presuntos males que acarrea, obviando por contra los problemas de llevar a término el embarazo en determinados casos
– pretende que el Estado cambie la protección de la salud de la mujer por la difusión de una ideología de base religiosa
– prejuzga a ciegas los diferentes casos de embarazo, haciendo que el Estado opte por un posicionamiento inflexible y no adaptado a cada situación personal
– hace un juicio moral prejuzgando a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo, a quienes pretende dejar sin apoyo de ningún tipo
– dirige fondos públicos hacia unas empresas e instituciones privadas muy concretas, obviando al resto por motivos ideológicos