Durante décadas diversos colectivos opuestos al cielo abierto consiguieron evitar la destrucción del concejo, cosa que no sucedió en Villablino o Tormaleo.
Al impedir la explotación de carbón por este sistema destructor del territorio, en Cangas se generó diez veces más empleo, pues la minería subterránea es la que ocupa a más personas por tonelada extraída, mientras que el cielo abierto enriquece más al empresario, que carga sobre la sociedad los daños derivados de la explotación.
Desde EQUO Aconsejamos al alcalde de Cangas una visita a Tormaleo, para que constate la destrucción total del entorno, la desaparición de fuentes y manantiales, la sustitución de las montañas por escombreras, la desaparición de la vegetación y la ruina del paisaje. Y ahora no hay empleo alguno.
Tormaleo se ha quedado sin futuro, al igual que Laciana, exclusivamente por haber permitido la explotación a cielo abierto, en lugar de la minería de interior.
Debemos recordar al regidor cangués que toda la minería se sostiene únicamente con fondos públicos, y que su obligación es defender el futuro de la comarca para todas las personas, y ese futuro pasa por la producción y transformación de alimentos de calidad, de maderas de calidad, las energías renovables, la bioconstrucción, el turismo, la producción cultural y los servicios.
Le pedimos al alcalde que no desgracie el futuro de Cangas, y que tome ejemplo de la reconversión de la zona minera de Loos-en-Gohelle en Francia, donde gobiernan Europe Ecologie-Les Verts y han convertido el municipio en el más pujante de Francia, especializándose en bioconstrucción, ahorro energético, turismo, cultura, deporte, etc.
El cielo abierto supondría la devastación del territorio para nada. Después del cielo abierto no hay nada, la situación será mucho peor. Y además esa actividad tendría que ser financiada por el estado directa o indirectamente, subvencionando la explotación o a la central térmica correspondiente por adquirirla.
EQUO pide que el ayuntamiento se dedique a buscar alternativas sostenibles y decentes. Y a los sindicatos que luchen por una transición justa, sin empeñarse en forzar salidas sin futuro y a costa de bienes públicos
Y recordamos que las normas urbanísticas y de ordenación del territorio deben obedecer a los intereses generales y no hacerse a la carta para facilitar negocios empresariales con beneficios privados y perjuicios para el conjunto de la sociedad.