Red EQUO Mujeres de Asturias, integrante de la Plataforma Feminista, califica la medida de innecearia y reaccionaria e insta a los grupos parlamentarios a votar en su contra, especialmente al diputado de UPyD, cuyo voto resultará decisivo.
Esta iniciativa legislativa popular promovida por Foro de la Familia de Asturias se encuentra en proceso de aprobación inminente tras haber sido presentada en noviembre de 2013 en el Parlamento Asturiano con el respaldo de 24.000 firmas ciudadanas. Entre sus objetivos persigue obtener financiación pública para acoger a las mujeres embarazadas en centros de índole religiosa y ofrecerles ayudas benéficas mientras los embarazos se llevan a término.
EQUO critica que esta propuesta no se basa en un diagnóstico previo de los recursos sociales existentes y reclama que se lleve a cabo una auditoría para detectar si existen carencias que, según la formación, deberían subsanarse desde el Sistema Público de Servicios Sociales y no desde entidades privadas. Además, el partido alerta de que transfondo de la ley victimiza a las mujeres que abortan y que esta concepción oculta la estigmatización de aquellas que ejercen el derecho a decidir sobre su embarazo sin encontrarse en una situación precaria.
Según Cristina Entrialgo, portavoz de Red EQUO Mujeres de Asturias, la ILP «es innecesaria ya que existen recursos suficientes, o en todo caso la financiación previa para la entidad religiosa debe ir dirigida a reforzar el sistema público. Que las mujeres sean atendidas dentro del Sistema de Servicios Sociales garantiza la intervención de personal especializado en la atención social, así como el derecho a decidir de la usuaria sin la presión emocional que puede ejercer una entidad comprometida ideológicamente con que se tome y se mantenga una decisión en concreto».
Por su parte, la coportavoz de EQUO en Asturias, Pilar Calvo, indica que «el derecho a la maternidad no se garantiza disuadiendo a las mujeres que quieren abortar cuando se encuentran en situación precaria sino protegiendo los derechos laborales y sociales y mejorando las políticas de género: evitando la discriminación laboral de las mujeres embarazadas o en edad fértil, eliminando la brecha salarial entre los sexos, impulsando medidas de conciliación familiar en las empresas, apoyando a las familias monoparentales y previniendo la feminización de la pobreza».