Organizado por el Ayuntamiento de Gijón, Ejército del Aire y Cajastur desde EQUOASTURIAS queremos manifestar ante la sociedad asturiana lo siguiente:
1º.- Rechazamos la organización y celebración de este acto por varias razones, pero la principal es que no promueven la Cultura de la Paz y la Solidaridad Internacional, sino que lo que único que consiguen es enaltecer el exhibicionismo de la fuerza militar. Disfrazando en acrobacias y espectáculo el gran poder destructivo de las armas que cada día matan niños y personas inocentes en el resto de países como podemos comprobar todos los días.
2º.- A día de hoy dentro del actual contexto de la crisis social, una exhibición de este tipo es una provocación a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales que estamos pidiendo a gritos la reducción de gastos públicos. Todos estos gastos militares deben ser recortados ya que el Ministerio de Defensa lleva gastados cerca de 32.000 millones de euros desde el año 96 en desarrollo de armas que ni siquiera se van a usar.
3º.- El Ministerio de Defensa Español así como el Gobierno, están implicados en la venta de armas donde muchas veces no respeta el tratado internacional que prohíbe vender armas a países que no puedan demostrar eficazmente su uso final. Países como México, Colombia, Israel, Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos y Ghana han comprado armas a España y posteriormente las han usado contra la población civil.
4º.- No queremos que la política beligerante e intervencionista en materia de política exterior del PP-PSOE sea el objetivo para tratar de justificar estos gastos que prentender financiar el VII Festival Aéreo de Gijón.
5º.- Desde EQUOASTURIAS denunciamos que este festival es una cortina de humo para distraer a la población. Queremos aprovechar para seguir reclamando un Referéndum frente al Rescate Financiero que está sufriendo España y la Patrulla Águila no nos va a salvar de la crisis que estamos padeciendo.
6º.- También denunciamos que los españoles tendrán que pagar más de 40.000.000 de Euros a la Empresa Instalaza ya que ha reclamado al Ejecutivo una compensación de 40 millones en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo. El consejero de esta empresa fue Pedro Morenés, actual ministro de Defensa y luego para enmascarar el pago venderá la deuda a terceras empresas para despistar a la opinión pública.
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